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El fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, reabrió el caso del asesinato del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy y presentó cargos contra algunas personas. Después de entrevistar a numerosos testigos de Dallas y a personas relacionadas con los hechos, mantuvo la tesis de que el magnicidio fue fruto de una conspiración en la que podrían haber intervenido el FBI, la CIA y el propio vicepresidente Lindon B. Johnson.